Un enredo: la complicada estructura de Smartmatic
"Smartmatic Corp., un fabricante de máquinas de votación que está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos, asegura que adoptó una estructura de propiedad compleja no para enmascarar la participación del gobierno venezolano, sino para minimizar sus impuestos y proteger su propiedad intelectual.
Las acciones de dicha compañía, que pertenece a empresarios venezolanos que dividen su tiempo entre Caracas y Boca Ratón, en Florida, están siendo examinadas por el Comité de Investigación de Inversiones Extranjeras del gobierno estadounidense (CFIUS, por su sigla en inglés). El organismo revisa adquisiciones foráneas en EE.UU. para decidir si presentan riesgos a la seguridad nacional. La mayoría de las revisiones de CFIUS ocurre antes de que se complete una adquisición y la publicidad generada por una investigación del comité puede llevar a que se cancele un acuerdo.
A principios de este año, una empresa estatal de Dubai, uno de los emiratos de los Emiratos Árabes Unidos, fue obligada a dar marcha atrás en sus planes de administrar las operaciones comerciales de varios puertos en EE.UU., en medio de las protestas de senadores y diputados. Smartmatic, sin embargo, es un caso distinto. La empresa compró en 2005 una compañía de máquinas de votación de EE.UU., Sequoia Voting Systems Inc., y sólo ahora el CFIUS decidió iniciar una revisión formal. Aunque la revisión puede resultar en una recomendación de venta, se trata de un desenlace muy poco común.
Una portavoz del comité sólo recordó una instancia en la que la revisión del CFIUS resultó en la venta del activo. En 1990, el gobierno de George Bush padre determinó que China tenía que desprenderse de un fabricante estadounidense de partes para aviones. La compra de Smartmatic ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses debido a temores de que el gobierno de Hugo Chávez, un abierto opositor de las políticas de EE.UU., tenga alguna participación en la empresa. Smartmatic se hizo conocida en 2004, cuando sus máquinas fueron usadas en un referendo en el que Chávez triunfó por un amplio margen y en el que, según acusaciones de la oposición, hubo fraude.
Smartmatic ensambló un consorcio que incluyó una empresa llamada Bizta Corp., en la que los dueños de Smartmatic tienen una participación significativa. Durante un período, el gobierno venezolano tuvo un 28% de Bizta a cambio de un préstamo gubernamental. Bizta pagó el préstamo en 2004 y Smartmatic compró la empresa el año siguiente. Pero las acusaciones de que el gobierno de Chávez controla Smartmatic nunca dejaron de circular.
Además, a fines de 2004 Smartmatic cambió su estructura simplificada, que consistía en tener oficinas centrales en EE.UU. y una subsidiaria en Venezuela. En su lugar, adoptó una estructura compleja, con oficinas centrales en la isla de Curaçao, una subsidiaria importante en Holanda y una serie de subsidiarias en EE.UU., Barbados, Venezuela y México. El cambio suscitó temores de que la nueva estructura tuviera el objetivo de ocultar el control extranjero. "La naturaleza poco clara de la propiedad de Smartmatic es particularmente inquietante porque Smartmatic ha sido asociada" al gobierno venezolano, dijo Carolyn Maloney, diputada demócrata de Nueva York, en una carta al secretario del Tesoro de EE.UU. Henry Paulson. El Departamento del Tesoro supervisa el CFIUS.
Antonio Mugica, el presidente ejecutivo de 32 años de Smartmatic, presentó ayer una explicación más sencilla: reducción de impuestos. La incorporación de Holanda y las Antillas Holandesas produce "un tratamiento tributario muy favorable dentro del marco de la ley", dijo el abogado de Smartmatic, Jeffrey Bialos. Chávez y el gobierno venezolano no tienen ninguna participación en la empresa, dijo Mugica.
En 2004, cuando la empresa cambió su estructura corporativa, debatió cuánto de sus ganancias debería reportar en EE.UU. o Bahamas, donde mantiene una subsidiaria. Smartmatic dijo que tres de sus gerentes venezolanos tienen un 91% de la empresa. Entre ellos figura Mugica, el presidente ejecutivo, con un 78,8%; el director de tecnología Roger Piñate, con el 8,5%; y el director de finanzas Alfredo Anzola, con un 3,9%."
Las acciones de dicha compañía, que pertenece a empresarios venezolanos que dividen su tiempo entre Caracas y Boca Ratón, en Florida, están siendo examinadas por el Comité de Investigación de Inversiones Extranjeras del gobierno estadounidense (CFIUS, por su sigla en inglés). El organismo revisa adquisiciones foráneas en EE.UU. para decidir si presentan riesgos a la seguridad nacional. La mayoría de las revisiones de CFIUS ocurre antes de que se complete una adquisición y la publicidad generada por una investigación del comité puede llevar a que se cancele un acuerdo.
A principios de este año, una empresa estatal de Dubai, uno de los emiratos de los Emiratos Árabes Unidos, fue obligada a dar marcha atrás en sus planes de administrar las operaciones comerciales de varios puertos en EE.UU., en medio de las protestas de senadores y diputados. Smartmatic, sin embargo, es un caso distinto. La empresa compró en 2005 una compañía de máquinas de votación de EE.UU., Sequoia Voting Systems Inc., y sólo ahora el CFIUS decidió iniciar una revisión formal. Aunque la revisión puede resultar en una recomendación de venta, se trata de un desenlace muy poco común.
Una portavoz del comité sólo recordó una instancia en la que la revisión del CFIUS resultó en la venta del activo. En 1990, el gobierno de George Bush padre determinó que China tenía que desprenderse de un fabricante estadounidense de partes para aviones. La compra de Smartmatic ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses debido a temores de que el gobierno de Hugo Chávez, un abierto opositor de las políticas de EE.UU., tenga alguna participación en la empresa. Smartmatic se hizo conocida en 2004, cuando sus máquinas fueron usadas en un referendo en el que Chávez triunfó por un amplio margen y en el que, según acusaciones de la oposición, hubo fraude.
Smartmatic ensambló un consorcio que incluyó una empresa llamada Bizta Corp., en la que los dueños de Smartmatic tienen una participación significativa. Durante un período, el gobierno venezolano tuvo un 28% de Bizta a cambio de un préstamo gubernamental. Bizta pagó el préstamo en 2004 y Smartmatic compró la empresa el año siguiente. Pero las acusaciones de que el gobierno de Chávez controla Smartmatic nunca dejaron de circular.
Además, a fines de 2004 Smartmatic cambió su estructura simplificada, que consistía en tener oficinas centrales en EE.UU. y una subsidiaria en Venezuela. En su lugar, adoptó una estructura compleja, con oficinas centrales en la isla de Curaçao, una subsidiaria importante en Holanda y una serie de subsidiarias en EE.UU., Barbados, Venezuela y México. El cambio suscitó temores de que la nueva estructura tuviera el objetivo de ocultar el control extranjero. "La naturaleza poco clara de la propiedad de Smartmatic es particularmente inquietante porque Smartmatic ha sido asociada" al gobierno venezolano, dijo Carolyn Maloney, diputada demócrata de Nueva York, en una carta al secretario del Tesoro de EE.UU. Henry Paulson. El Departamento del Tesoro supervisa el CFIUS.
Antonio Mugica, el presidente ejecutivo de 32 años de Smartmatic, presentó ayer una explicación más sencilla: reducción de impuestos. La incorporación de Holanda y las Antillas Holandesas produce "un tratamiento tributario muy favorable dentro del marco de la ley", dijo el abogado de Smartmatic, Jeffrey Bialos. Chávez y el gobierno venezolano no tienen ninguna participación en la empresa, dijo Mugica.
En 2004, cuando la empresa cambió su estructura corporativa, debatió cuánto de sus ganancias debería reportar en EE.UU. o Bahamas, donde mantiene una subsidiaria. Smartmatic dijo que tres de sus gerentes venezolanos tienen un 91% de la empresa. Entre ellos figura Mugica, el presidente ejecutivo, con un 78,8%; el director de tecnología Roger Piñate, con el 8,5%; y el director de finanzas Alfredo Anzola, con un 3,9%."
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